El “Protocolo de Actuación para Garantizar el Derecho a la Educación Inclusiva de las Personas con Discapacidad”, que fue construido a partir de instancias colaborativas, comprende todos los tramos del sistema educativo y establece pautas para asegurar la accesibilidad, la participación efectiva y los logros en el aprendizaje de los estudiantes con riesgo de exclusión.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, destacó la existencia de un proceso de gestación de un marco normativo actualizado, que atiende una realidad cambiante en todas las áreas de la sociedad, entre ellas la educación.

Además, ratificó el compromiso de la ANEP con el avance del ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, lo que a su entender requiere el desarrollo de un conjunto de estrategias interinstitucionales.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, consideró que el documento establece criterios de acción y orientaciones para los integrantes del sistema educativo, a fin de cumplir con la inclusión educativa y brindar “buenas experiencias y aprendizajes para todos”.

Asimismo, sostuvo que esta guía es uno de los elementos para que la inclusión educativa se convierta en una realidad productiva. "Su importancia radica en la posibilidad de materializar las ideas en las que todos creemos”.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, subrayó que la generación de estas herramientas permite avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. También resaltó la labor articulada entre los actores estatales orientada a lograr una mayor accesibilidad en la educación, y adelantó una nueva línea de acción conjunta en materia de cuidados que se implementará en 2023.

Lema explicó que la nueva iniciativa estará compuesta por promotores comunitarios, y buscará fortalecer la atención a niños que se encuentren en situación de discapacidad.

Grupo de trabajo

El documento fue creado por la Comisión de Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad, un ámbito interinstitucional presidido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) e integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la ANEP, en el que también participan el Espacio CANDI del Ministerio del Interior, el Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales y el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva como entidad de la Sociedad Civil.

Esta acción se encuentra en el marco del Plan de Política Educativa Nacional 2020 - 2025, y se trata de un sólido avance en términos de políticas educativas inclusivas que sitúa al MEC en un lugar de compromiso con la temática.

El protocolo fue construido a partir de instancias colaborativas con aportes de diversos agentes educativos y sociales, personas con discapacidad y familias. Comprende todos los tramos del sistema educativo y establece pautas para asegurar la accesibilidad, la participación efectiva y los logros en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de exclusión o riesgo de marginalización, como es el caso de las personas con discapacidad.

Su perspectiva y enfoque de derechos humanos busca consolidar los avances conceptuales en el campo de la educación inclusiva y responder más adecuadamente a las múltiples demandas de la población en este sentido.

Cabe recordar que en 2017, la Comisión para la Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad elaboró el Protocolo de Actuación para la Inclusión de Personas con Discapacidad en los Centros Educativos, aprobado por el decreto de Presidencia N° 072/2017. En 2020, esta comisión comenzó un proceso de revisión y actualización que concluyó en una nueva versión del protocolo, aprobado en el mes de octubre a través del decreto N° 350/022.